Hemos pasado un largo período de cuarentena ocasionada por la emergencia de coronavirus COVID-19, en la que nuestro derecho a la libre circulación ha sido restringido por el Gobierno con el fin de proteger la salud de los ciudadanos, así como el orden y la seguridad públicos.

Como situación excepcional, nos hemos encontrado durante más de dos meses ante la prohibición de salir de nuestro propio domicilio, salvo en caso de necesidad profesional demostrada, por razones de salud u otras situaciones de absoluta necesidad que debían indicarse en el formulario de auto-certificación. En el momento del control por parte de las fuerzas del orden, el ciudadano tenía la obligación de mostrar lo que se declaró en dicho formulario y, por lo tanto, implicaba una responsabilidad para aquellos que salían sin motivo. Las salidas sin motivo se denunciaban, incluyendo el riesgo de arresto o de multa. Con el tiempo, la responsabilidad jurídica se ha vuelto aún más seria, incrementándose los importes de las multas.

En cambio, las personas en cuarentena, así como los ciudadanos positivos por COVID-19, tenían la prohibición absoluta de abandonar su domicilio bajo ninguna circunstancia. La responsabilidad de estos últimos se definió aún más grave en caso de salir sin motivo y podía representar un delito por causar una epidemia involuntaria, castigada con la cárcel.

Aunque la mayoría de los ciudadanos han respetado las restricciones impuestas por el gobierno, la vida a veces nos pone en situaciones que ninguna ley puede prever. Hemos visto algunos ejemplos de ello también en la televisión. Por ejemplo, el caso de un ciudadano positivo por COVID-19, que vivía solo y que no tenía a nadie que le hiciera la compra o el caso de la familia compuesta sólo por madre e hija en edad preescolar, en la que la madre dio positivo por COVID-19. Familias enteras, habitantes de pueblos en los que se produjo un brote de COVID-19 y que dieron positivo al virus, se encontraron de repente con la prohibición de salir de casa y, por tanto, con dificultades para continuar la vida cotidiana, sin el apoyo adecuado de las autoridades que había impuesto las normas anti-COVID-19. Puede haber muchos casos excepcionales en los que los ciudadanos, a pesar de actuar de buena fe, han sido denunciados y ahora necesitan asistencia jurídica.

El bufete de abogados Giambrone está disponible para analizar y asistir en los casos de presunta violación de las medidas de restricción de movimiento en el que se ha requerido al ciudadano el pago de una multa o se enfrenta a una responsabilidad más grave. Para solicitar asistencia jurídica o presentar un recurso puede ponerse en contacto con nosotros en los siguientes números de teléfono:
 

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