La Ley 6/2025, que entró en vigor en diciembre de 2025, representa un cambio estructural en la regulación de los alquileres turísticos en Canarias, introduciendo un modelo basado en la planificación urbanística, la sostenibilidad y el control público de la oferta de vivienda. La norma establece expresamente que el uso turístico de las viviendas no constituye un derecho subjetivo del propietario, sino una actividad económica sujeta a las decisiones de planificación territorial.
Uno de los aspectos más relevantes es la moratoria sobre nuevas licencias en las zonas donde los planes urbanísticos municipales no contemplan explícitamente el uso turístico, otorgando a los municipios y cabildos un papel decisivo en definir dónde, cómo y en qué medida se permite el alquiler turístico. Además, se imponen límites cuantitativos estrictos, como la regla 90/10 en zonas residenciales, la prohibición de transformar edificios residenciales en establecimientos tipo hotel y la exclusión de la vivienda pública del uso turístico.
El objetivo de la ley es restablecer un equilibrio entre el desarrollo turístico y el derecho a la vivienda, reduciendo la presión sobre el mercado inmobiliario y protegiendo la cohesión social y territorial. Para los propietarios, el nuevo marco normativo implica mayor seguridad jurídica, pero también un incremento de las obligaciones de verificación urbanística y cumplimiento, haciendo indispensable una evaluación previa y el apoyo de asesores especializados antes de iniciar o ampliar actividades de alquiler turístico.
A la luz de la complejidad de la Ley 6/2025 y del papel central de la planificación urbanística municipal, es fundamental que los propietarios interesados en el alquiler turístico no actúen por su cuenta, sino que cuenten con profesionales cualificados, especialmente abogados expertos en derecho urbanístico e inmobiliario local. Solo un análisis jurídico previo permite verificar la compatibilidad del inmueble con los planes vigentes, evaluar correctamente los márgenes de operación y prevenir sanciones o bloqueos de la actividad. En un contexto normativo en rápida evolución, la asesoría legal no es un gasto accesorio, sino una herramienta esencial de protección y planificación estratégica.