En Giambrone & Partners comprendemos profundamente el impacto devastador que supone perder fondos a manos de estafadores. Nuestro departamento especializado en litigios bancarios y por fraude ha desarrollado diversas estrategias para asistir a nuestros clientes en la recuperación del dinero perdido. Nuestros abogados, altamente experimentados, emplean todos los recursos legales disponibles para lograr ese objetivo. Asimismo, las organizaciones que, incluso de manera inadvertida, facilitan un fraude pueden ser consideradas responsables, especialmente si no realizan una diligencia debida adecuada o incumplen sus propios procedimientos de protección al cliente.
Nuestra estrategia legal centrada en el cliente se enfoca en determinar la responsabilidad de todas las personas y entidades involucradas en el fraude, ya sea de forma deliberada o no.
Demetri Bezaintes, asociado de Giambrone & Partners, comenta: “El fraude financiero suele estar orquestado por individuos con sofisticados conocimientos en materia económica que, a menudo, logran engañar incluso a profesionales encargados de proteger a sus clientes. Sin embargo, ello no exime a las organizaciones profesionales de su responsabilidad si no realizan una verificación adecuada de las transacciones”. Además, añade: “Existen acciones legales específicas para exigir responsabilidades a estos profesionales, lo cual puede traducirse en una indemnización económica para la víctima”.
Órdenes de congelación: deberes, responsabilidades y riesgos para los bancos
Una orden de congelación de activos (anteriormente conocida como medida cautelar Mareva) tiene como objetivo inmovilizar los bienes de la parte contra la que se dicta. Estas órdenes se emiten para evitar que los defraudadores vacíen sus cuentas bancarias y transfieran los fondos sustraídos a jurisdicciones fuera del alcance de la justicia. No solo el estafador debe cumplirla: los terceros implicados, especialmente las entidades bancarias, también están obligados a respetar sus restricciones.
Por ejemplo, si un banco permite la retirada de fondos de una cuenta sujeta a una orden de congelación, puede enfrentarse a consecuencias legales muy graves, incluida una posible acusación por desacato al tribunal. En el entorno digital actual, las plataformas de intercambio de criptomonedas también están sujetas a estas órdenes y deben cumplirlas.
Efectos de una orden de congelación sobre las entidades financieras
El propósito de la orden es impedir que el demandado transfiera o dilapide sus activos mientras el procedimiento judicial está en curso. Cuando un banco u otra institución financiera recibe una notificación de este tipo, debe actuar de inmediato:
Bloquear cualquier retirada de fondos que reduzca el saldo disponible.
Interrumpir la tramitación de cheques, órdenes permanentes, domiciliaciones bancarias o transferencias que puedan eludir la orden.
Impedir el acceso a líneas de crédito u otras facilidades, salvo que la orden lo permita expresamente.
Cabe destacar que la recepción de fondos por parte de terceros en la cuenta del demandado puede seguir permitida, si la orden no lo prohíbe expresamente.
Consecuencias del incumplimiento
Si un banco o institución financiera no cumple con una orden de congelación y permite deliberadamente al demandado mover fondos, se enfrenta a una infracción grave, que puede derivar en:
Multas económicas importantes.
Si la víctima del fraude sufre pérdidas adicionales por este incumplimiento, puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
Los empleados o directivos del banco que participaron en la infracción pueden ser considerados personalmente responsables e incluso enfrentarse a penas de prisión en los casos más graves.
No existe justificación válida basada en el desconocimiento: desde el momento en que se recibe la orden, la entidad está obligada a actuar y a impedir cualquier retirada no autorizada.
Ejemplo práctico: si en un caso de fraude de alto perfil se dicta una orden de congelación, pero el banco permite negligentemente una transferencia a una entidad offshore, el banco puede ser llevado ante los tribunales. Si se determina que incumplió su deber de proteger los fondos, puede ser sancionado con una multa y obligado a indemnizar a la víctima. Estas acciones legales son cada vez más frecuentes frente a entidades financieras negligentes.
Intercambios de criptomonedas: obligaciones y desafíos
Aunque el sector de las criptomonedas no está sujeto a la misma regulación estricta que el sector bancario tradicional, las órdenes de congelación también se aplican a estas plataformas. En caso de ser notificadas, deben:
Impedir cualquier retirada o transferencia de activos que viole la orden.
Mantener intactos los activos congelados hasta recibir nuevas instrucciones del tribunal.
Bloquear retiros indirectos, como la conversión en otras criptomonedas
Los desafíos para las plataformas cripto
A diferencia de los bancos, que llevan siglos sujetos a normativas estrictas, los intercambios de criptomonedas son recientes y operan en un entorno regulatorio aún en desarrollo. La globalización financiera ha provocado que estas órdenes deban aplicarse de forma transfronteriza, incluso contra exchanges centralizados que interactúan con el sistema financiero tradicional.
Algunos exchanges ubicados en el extranjero han intentado eludir estas órdenes alegando no estar sujetos a la jurisdicción de origen. Sin embargo, los tribunales están cada vez más dispuestos a hacer cumplir las órdenes a nivel internacional. Si una plataforma permite que un usuario burle la orden, puede enfrentarse a consecuencias similares a las de un banco, incluido el riesgo de desacato al tribunal.
Recientemente, en un caso relacionado con Bitcoin robado en una plataforma extranjera, el demandante obtuvo una orden de congelación con carácter de propiedad. Aunque inicialmente la plataforma se negó a cumplirla, finalmente fue obligada a acatarla, estableciendo así un precedente que equipara la responsabilidad de los exchanges cripto a la de las entidades financieras tradicionales.
Los bancos y las plataformas de intercambio de criptomonedas no están por encima de la ley. Si permiten retiradas no autorizadas tras recibir una orden de congelación, pueden enfrentarse a graves sanciones, incluyendo multas y la obligación de indemnizar a las víctimas.
El equipo de abogados de Giambrone & Partners, altamente cualificado en litigios por fraude financiero, cuenta con una sólida experiencia en la recuperación de fondos y en hacer valer los recursos legales contra instituciones financieras que no cumplen con sus obligaciones. Nuestra misión es proteger los derechos de nuestros clientes y recuperar los activos perdidos.