Eugenia Carral

Eugenia Carral es Senior Associate en la oficina de Madrid de Giambrone & Partners Studio Legale Internazional.

Es abogada especializada en litigación civil y mercantil, con experiencia asimismo en derecho concursal y reestructuraciones, asesorando y representando a empresas, empresarios y particulares en procedimientos judiciales y extrajudiciales.

Formación

Eugenia se graduó en Derecho por la Universidad de Deusto y complementó su formación jurídica con estudios universitarios en Administración y Dirección de Empresas, donde cursó materias de contabilidad financiera, economía y organización empresarial.

Posteriormente, completó el Máster en Acceso a la Abogacía en la Universidad Complutense de Madrid y el Máster en Abogacía Internacional en ISDE – Law & Business School, profundizando en la práctica jurídica y en el asesoramiento a clientes en contextos nacionales e internacionales.

En 2022 cursó el Postgraduate Certificate in Data Privacy and Data Protection Law en Georgetown University – School of Continuing Studies, en Washington.

A lo largo de su trayectoria profesional, Eugenia ha completado diversos cursos de especialización en materia civil, mercantil y concursal, principalmente a través del Centro de Estudios del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), con formación específica en responsabilidad de administradores sociales, impugnación de acuerdos sociales y tramitación de herencias. Asimismo, ha participado en programas de emprendimiento y gestión empresarial organizados por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

Expertise

Eugenia centra su práctica profesional en el ámbito civil y mercantil, con especial dedicación a la dirección de procedimientos judiciales y a la resolución de controversias en España, así como al asesoramiento jurídico de empresas y empresarios en las distintas fases de su actividad.

Su práctica comprende principalmente:

• Procedimientos judiciales civiles y mercantiles, incluyendo la dirección de procedimientos, la definición de la estrategia procesal, la preparación de la prueba, la redacción de escritos y la intervención en vistas y juicios.
• Derecho concursal y reestructuraciones, incluyendo el asesoramiento a empresas y acreedores en situaciones de insolvencia y la dirección e intervención en procedimientos concursales y procesos de reestructuración.
• Asesoramiento mercantil y societario, incluyendo la constitución y gestión de sociedades y el asesoramiento a empresas y empresarios en las distintas fases de su actividad.

Cuenta con una amplia experiencia en la dirección de procedimientos judiciales ante tribunales de toda España. A lo largo de su trayectoria ha actuado en todos los órdenes jurisdiccionales y ha intervenido en procedimientos tanto en primera como en segunda instancia, así como ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo mediante la preparación y presentación de recursos de casación y de oposición.

Ha intervenido en asuntos relativos, entre otros, a responsabilidad de administradores, impugnación de acuerdos sociales, incumplimientos contractuales, reclamaciones dinerarias y controversias relacionadas con inmuebles, así como en la gestión y dirección letrada de carteras de procedimientos judiciales de elevado volumen para grandes entidades bancarias.

En el ámbito concursal, ha participado en procedimientos tanto desde la posición del deudor y del acreedor como formando parte del equipo de la Administración Concursal, interviniendo directamente en la tramitación jurídica de los procedimientos y en la elaboración de los escritos e informes concursales. Asimismo, cuenta con experiencia en la elaboración de planes de reestructuración y planes de viabilidad empresarial.

Su práctica mercantil comprende también el asesoramiento previo a la judicialización de controversias y el cumplimiento de los Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC), así como el asesoramiento a empresas y empresarios en cuestiones relacionadas con su actividad.

Casos recientes

• Representó a una asociación deportiva de ámbito nacional en un procedimiento por competencia desleal frente a distintos clubes, que culminó con un acuerdo entre las partes posteriormente homologado judicialmente en segunda instancia.
• Asesoró y representó a grandes empresas del sector retail en procedimientos judiciales derivados de las circunstancias excepcionales de la pandemia de COVID-19, en los que se solicitaba la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus para modificar las condiciones económicas de contratos de arrendamiento.
• Asesoró y representó a una sociedad multinacional que se enfrentaba a diversos procedimientos de impugnación de acuerdos sociales, incluyendo la impugnación de juntas generales de aprobación de cuentas anuales por abuso de la posición mayoritaria frente al socio minoritario y por incumplimiento de requisitos formales.
• Gestionó una cartera de procedimientos judiciales para una de las principales empresas españolas del sector editorial y de medios de comunicación, derivados de distintos incumplimientos contractuales y con especial complejidad en materia de jurisdicción y competencia judicial internacional. Gestionó una cartera de procedimientos civiles para una de las principales empresas españolas de distribución y grandes almacenes, interviniendo en asuntos relativos a protección de consumidores, competencia desleal e incumplimientos contractuales con proveedores.
• Ha gestionado y dirigido carteras de procedimientos judiciales de gran volumen en materia de litigación bancaria para grandes entidades financieras españolas, en asuntos relativos a condiciones generales de la contratación, abusividad de los intereses remuneratorios y sistemas de amortización, incumplimiento de los deberes de evaluación de solvencia y usura.
• Formó parte del equipo de la Administración Concursal de una empresa líder del sector de la estética capilar, en un procedimiento de elevada complejidad, con un pasivo de aproximadamente 22,7 millones de euros y cerca de 400 trabajadores afectados. En este procedimiento, se consiguió articular la venta de la unidad productiva pese a las dificultades derivadas de la valoración de las marcas y de la constitución de las garantías sobre las mismas, lo que permitió preservar 32 centros y 320 puestos de trabajo, aproximadamente el 89 % de la plantilla.